El problema es que, según versiones oficiales, el Gobierno no ha escuchado las comunicaciones, sino que ha usado las cuentas de correo y números telefónicos para analizar los vínculos entre los estadounidenses y sus relaciones con el extranjero. Ante tal panorama, distintos proveedores de telecomunicaciones se han mostrado reacios a cooperar, en tanto lo consideran un riesgo en su relación con el cliente y con la Ley. Este es sólo un ejemplo de cómo a través del data mining, las acciones de vigilancia y espionaje continúan por parte del Gobierno y la industria de las telecomunicaciones.