La presidenta de la ONG, Ana Franco de Wattnem, sostuvo que en términos de seguridad los 225 millones de dólares que inicialmente costará este plan para tener las cédulas biométricas estarán muy bien invertidos porque es mucho mayor «el costo económico y social» de la delincuencia.
Con el nuevo instrumento, que estará encriptado, se pretende terminar con la «suplantación de personalidad», a la que recurre sistemáticamente la delincuencia y que ha convertido a México en un «paraíso» para los criminales nacionales e internacionales, según la activista.