El 1 de julio de 2025 será obligatorio que los TPV de comercios y hostelería cumplan con la Ley Antifraude, que impone una serie de requerimientos técnicos a los software de facturación para evitar las Cajas B.
Los software TPV deben estar homologados para cumplir con la normativa por lo que los empresarios deben asegurarse de que sus sistemas estén al día.
Comercios y hostelería están acelerando la actualización de sus dispositivos de pago TPV y software de facturación para evitar las temidas sanciones de la Ley Antifraude, con la cuenta atrás ya activada para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones a partir del 1 de julio de 2025. Con el objetivo de combatir el fraude fiscal y promover la transparencia, la nueva normativa impone importantes cambios en el sector y exige una actualización total de los sistemas de facturación y terminales de punto de venta, con la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros.
La nueva Ley introduce medidas como la facturación electrónica obligatoria y la prohibición de la doble contabilidad. Estas disposiciones buscan garantizar la integridad y autenticidad de todas las transacciones comerciales. No obstante, la implementación de estas normativas presenta un desafío significativo para las empresas, que deben actualizar sus equipos y capacitar a su personal, explican desde La Casa del TPV, empresa de referencia en el sector.
Los TPV deberán estar homologados y cumplir con los nuevos requisitos legales, asegurando que cada transacción se registre de manera correcta y no pueda ser manipulada. La capacitación del personal es otro de los aspectos críticos para cumplir con la Ley Antifraude. Los empleados deben estar familiarizados con el uso de los nuevos sistemas y las normativas fiscales, lo que implica una curva de aprendizaje y posibles errores durante la transición.
Multas de hasta 150.000 euros
El sector del comercio y la hostelería ha manifestado su preocupación por los costos y la complejidad técnica de la implementación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. No en vano, las sanciones por incumplimiento de la Ley Antifraude pueden ser severas, con multas que pueden alcanzar hasta los 150.000 euros en los casos más graves.
“Las empresas del sector deben iniciar cuanto antes el proceso de actualización de sus sistemas para adaptarse a las nuevas exigencias legales y prevenir sanciones”, señalan los expertos, quienes recuerdan que el impacto de la nueva normativa no se limita solo a los TPV, sino que abarca todos los sistemas de facturación utilizados por las empresas.
«La implementación de los nuevos sistemas puede ser una tarea compleja, pero es fundamental para evitar problemas y asegurar la integridad de las transacciones”, recuerdan desde La Casa del TPV, empresa de distribución de terminales punto de venta y software para pequeños comercios, hostelería, peluquerías y negocios de autónomos.