La legislación propuesta requeriría que los usuarios del sistema Medicaid, tanto por parte del proveedor de la atención de salud como del paciente, empleen tarjetas inteligentes integradas con datos biométricos sobre el paciente con el fin de autentificar su identidad antes de que presente documentación relacionada con la solicitud de reintegro. Como se estima que el fraude no solo procede de pacientes, sino también de proveedores, las tarjetas se requerirían asimismo para mantener un registro de transacciones, de modo que no pudieran crearse registros falsos sin que quedara disponible una pista de auditoría.