El proyecto apunta a que cada usuario pueda tener acceso irrestricto a su propia historia clínica. La rectora de la ULP, Alicia Bañuelos, señaló que hay una ley nacional, que indica que los médicos y hospitales deben entregar a los pacientes los archivos de sus antecedentes médicos, pero esa normativa se cumple con extrema lentitud.
La nueva legislación establece cuatro principios generales: accesibilidad, finalidad, veracidad y confidencialidad sobre la información médica.