Las normas necesitan aún el visto bueno formal de los Veintisiete para su entrada en vigor y los fabricantes tendrán un plazo de dos años y medio para adaptarse.
El estudio de la Comisión deberá también valorar también la introducción de un etiquetado de origen para productos de terceros países que ayude al consumidor a conocer la trazabilidad del artículo que adquiere.