La Ley 56/2007 de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información ha situado a España en una posición privilegiada respecto al resto de países. Prueba de ello son los últimos informes presentados por Naciones Unidas en los que nuestro país aparece en un tercer y un noveno puesto en lo que a eParticipación y desarrollo del gobierno electrónico se refiere.
A pesar de estos excelentes resultados, lo cierto es que hay algunos aspectos relacionados con esta normativa a los que les queda bastante camino por recorrer. La Ley 56/2007 establecía la elaboración de un Plan para la generalización de la factura electrónica.
En ese Plan se fijaban dos fechas límites: la primera, el cuarto trimestre de 2009, momento en el que las grandes empresas eran obligadas a facturar electrónicamente a las entidades públicas estatales, y la segunda, el 1 de enero de 2011, año en el que la obligación se haría extensible a todas las compañías españolas, independientemente de su tamaño.
Pues bien, a tan solo 100 días de que ese anunciado apagón del papel se produzca, las organizaciones de nuestro país se encuentran algo lejos del objetivo esperado. Un informe publicado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, aseguraba hace escasos meses que solo el 12% de las empresas hacen uso de la facturación electrónica.
Según datos facilitados por el Gobierno, las empresas podrían ahorrar hasta 15.000 euros al año si dejaran de emitir sus facturas en papel.
Además de la ayuda que la Administración está ofreciendo a las organizaciones que aún no han implantado un sistema de facturación electrónica, multitud de fabricantes han incluido en sus catálogos alguna solución de efactura.
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