A lo largo de América del Sur hay un nuevo enfoque sobre el papel que deben tener las credenciales de identidad en el apoyo a los esfuerzos gubernamentales para proteger a sus ciudadanos y fronteras de problemas tales como la delincuencia, el terrorismo, la explotación económica y el hecho de que cada vez más personas busquen empleo fuera de su país.
Costa Rica, por ejemplo, preocupado por ser utilizado como ruta para la droga y traficantes de personas, se vio desbordado por millones de trabajadores ilegales en búsqueda de sus servicios sociales, por lo cual ha instituido recientemente un nuevo documento de identidad anti-falsificación para extranjeros residentes legales.
Esto ilustra una respuesta a un reto universal. En los viajes internacionales, el funcionario de inmigración de un país está obligado a hacer un juicio sobre la base de un documento expedido por otro país, sobre el cual él no tiene jurisdicción. Y con los avances tecnológicos en fotocopias, escaneo e impresión, se han vuelto fáciles de falsificar los documentos internacionales de viaje o alterar documentos auténticos para hacerlos utilizables por una persona distinta a la cual se le emitieron originalmente. En este sentido, los gobiernos y otros emisores de documentos de identidad y viaje son dignos de felicitaciones por la introducción de tecnologías biométricas en dichos documentos, lo cual aporta una mejora a la seguridad en general.